En medio de la creciente preocupación en varias regiones del país, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, participó en una mesa de diálogo instalada en Bogotá junto a entidades del Gobierno Nacional, organismos técnicos y representantes de las protestas relacionadas con el Catastro Multipropósito.
El encuentro, que contó con la presencia de instituciones como el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, busca construir soluciones frente al impacto que ha generado la actualización catastral en diferentes territorios.
Durante su intervención, el mandatario expresó la necesidad de garantizar un modelo justo: respaldó a los pequeños productores rurales y propuso suspender temporalmente las medidas mientras se realizan ajustes que eviten afectaciones económicas. Además, anunció que solicitará ante el Consejo de Estado la suspensión de la Resolución 2057 de 2025.
Preocupación en municipios de Boyacá
La entrada en vigencia de la Resolución 1912 de 2024, en el marco de la Ley 2294 de 2023, ha generado inquietud en al menos 82 municipios del departamento. La actualización de los avalúos catastrales, impulsada por el IGAC, ha derivado en incrementos significativos en el impuesto predial, especialmente en zonas rurales.
Movilizaciones y protestas pacíficas
En municipios como Arcabuco, líderes comunitarios han convocado a jornadas de protesta pacífica. Según voceros locales, las concentraciones se realizarán en sectores como Agua Varuna, en la vía hacia Moniquirá, con bloqueos intermitentes que respetarán corredores humanitarios.
En municipios como Moniquirá, Tinjacá y Chitaraque, las comunidades campesinas también se han sumado a las jornadas de protesta, manifestando su preocupación por el impacto de los nuevos avalúos catastrales en la economía rural.
Habitantes y líderes locales han expresado su disposición al diálogo y han respaldado la articulación con la mesa de trabajo que reúne a delegados de los Santanderes, buscando que sus voces sean escuchadas en la construcción de soluciones. En estos territorios, las movilizaciones se han desarrollado de manera pacífica, con llamados a lograr acuerdos que permitan un catastro más equitativo y acorde con la realidad del campo.
Denuncias por inconsistencias en avalúos
La situación también ha generado rechazo en municipios como Úmbita, donde autoridades locales han reportado irregularidades en la facturación del impuesto predial. De acuerdo con la personería municipal, se han identificado errores en áreas de predios, registros de construcciones inexistentes y valores que no corresponden con la realidad económica del territorio.
Algunos habitantes, incluso, han recibido cobros que superan su capacidad de pago, lo que ha incrementado el malestar social.
Llamado al diálogo
Desde la Gobernación se reiteró el compromiso de buscar soluciones concertadas que permitan superar la situación y reducir las afectaciones económicas, al tiempo que se avanza hacia un sistema catastral más equitativo para todos los sectores.